La Fiscalía pide amnistiar la malversación de los arquitectos del 'procés'>

La Fiscalía Superior de Cataluña pide la amnistía para los arquitectos del 'procés' , Josep Maria Jové (ERC) y Lluís Salvadó, acusados de malversación y prevaricación por el 1-O . En su escrito, el fiscal Pedro Ariche, siguiendo «el criterio establecido» por el fiscal general, ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que aplique el olvido penal a ambos procesados por los preparativos del referéndum ilegal. Ariche también solicita el archivo de la causa contra la actual consejera de Cultura, Natàlia Garriga , en su caso acusada de desobediencia . Cabe recordar que el fiscal pedía siete años de cárcel para Jové , exresponsable de Economía del Govern, durante el 1-O, y otros seis y tres meses para el entonces secretario de Hacienda, Salvadó -ahora presidente del Puerto de Barcelona-, por malversación agravada, desobediencia, desórdenes y prevaricación . Para Garriga, una multa de 18.000 euros y un año de inhabilitación.Ahora, el representante del Ministerio público apunta que, « en estricta aplicación de los principios instrumentales de unidad de actuación y de dependencia jerárquica» de la Fiscalía y «en el bien entendido que los mismos se encuentran subordinados a los valores superiores de respeto a la legalidad e imparcialidad, que constituyen el núcleo esencial de la función constitucional de este Ministerio y que rigen su actuación ante los tribunales», le corresponde solicitar para ellos la aplicación dela ley de amnistía.Noticia Relacionada estandar No La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide la amnistía para los 12 CDR a los que acusó de terrorismo Isabel Vega La número 2 del Ministerio Público sustituye al fiscal del caso en la vista previa al juicio oralEn el caso de Jové y Salvadó, en lo referido a la malversación , Arcihe apunta que no hubo ánimo de lucro, es decir, n o existió propósito de enriquecimiento ni obtención de beneficio patrimonial personal , sino que los fondos habrían ido destinados a la consulta ilegal, lo que tiene amparo en la citada ley. Lo mismo ocurre con el delito de prevaricación , «o cualesquiera otros actos que hubieran consistido en la aprobación o ejecución de leyes, normas o resoluciones por autoridades o funcionarios públicos que hayan sido realizados con el propósito de permitir, favorecer o coadyuvar a la celebración de las consultas populares», reza la norma.