El Supremo tumba uno de los recursos de Ayuso contra el Gobierno central en la «guerra del agua»

El Tribunal Supremo ha tumbado uno de los recursos que interpuso el Gobierno regional contra la reforma del Plan Hidrográfico. Concretamente, se trata de la medida judicial que inició el ente público Canal de Isabel II contra el Ente Público la Consejería de Medio Ambiente madrileña sobre los caudales. Según un fallo del Supremo que adelanta El Plural, se desestima este recurso que Madrid presentó porque consideraba incorrecta la determinación de los caudales ecológicos.No obstante, aún está pendiente de sentencia otro recurso que planteó la Comunidad de Madrid en noviembre del año 2023, y que se refería a la modificación del Plan HIdrológico del Tajo también. Este al que afecta la sentencia conocida ahora, señalan fuentes de la Consejería de Medio Ambiente que dirige Carlos Novillo, es otro que se interpuso con anterioridad. Del segundo aún no se tiene respuesta, indican.Noticia Relacionada estandar No La guerra por la electricidad, un nuevo choque entre Ayuso y Sánchez tras una larga lista de batallas en los tribunales Sara Medialdea La región ha llevado ante la Justicia decenas de asuntos, del agua a la Ley de ViviendaEl delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, se ha apresurado a valorar la sentencia contraria a los intereses del Gobierno de Madrid, señalando en redes sociales que «las sandeces tienen las patas muy cortas».Isabel Díaz Ayuso planteó en noviembre de 2023 de forma pública su oposición a la modificación del Plan Hidrológico del Tajo. Concretamente, planteó un recurso ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto que aprobaba esta modificación, y consideraba además que las medidas implementadas en el mismo perjudicaban a Madrid y a los madrileños en su abastecimiento de agua potable.De hecho, Díaz Ayuso acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de querer «boicotear el sistema de abastecimiento de agua en Madrid, para que esta región se rinda por sed».La iniciativa, y el cruce de acusaciones posterior, dio origen a un nuevo capítulo de la llamada «guerra del agua», una de las que mantiene el Gobierno regional contra el central a cuenta de materias como la educación, la sanidad, el transporte, la fiscalidad o el suministro eléctrico.